La deuda subordinada, también conocida como las Participaciones Preferentes o las Obligaciones Subordinadas, se trata de un producto bancario híbrido ya que contiene características de los títulos valores de renta fija con rendimiento explícito, pero también otras de los títulos valores de renta variable.
En este sentido, se trata de un producto complejo de alto riesgo que se caracteriza por contener una serie de riesgos que lo convierten en un tipo de inversión no recomendada para clientes minoristas.
Riesgos de la deuda subordinada
La deuda subordinada contiene muchos riesgos implícitos que no suelen explicarse a los clientes antes de contratar.
Uno de los más importantes es que el cobro de los intereses de la deuda subordinada puede estar condicionado a la existencia de beneficios por parte de la entidad financiera.
Este riesgo de no percepción de dividendos implica que los atractivos rendimientos que se ofrecen por invertir en deuda subordinada puedan dejar de abonarse en el momento en que la entidad tenga pérdidas.
Asimismo, en caso de liquidación, el cobro de los intereses por parte de los inversores se encuentra “subordinado” a que el resto de los acreedores comunes haya cobrado su deuda. Esto implica que pueda perderse parte o la totalidad de la inversión.
Además, tiene un alto riesgo de liquidez ya que otra de sus características es la dificultad para desprenderse de este tipo de producto en el mercado sin sacrificar parte de lo invertido.
¿Puedo reclamar lo invertido en deuda subordinada?
En los últimos años las reclamaciones por deuda subordinada se han ido incrementando considerablemente debido a que este tipo de producto se comercializó de forma masiva a clientes minoristas en época de crisis.
Así, las posibilidades de éxito son muy altas si el perfil del cliente es minorista y conservador. Para ello, es necesario tener en cuenta el nivel de conocimientos financieros y el tipo de inversiones realizadas con anterioridad a la deuda subordinada.
Pero es que, además, al tratarse de un producto complejo, resulta aplicable la normativa MiFID que establece una serie de medidas que, por lo general, no se respetaban por los empleados de los bancos.
En este sentido, se han dado numerosos incumplimientos a la hora de informar al cliente de forma adecuada y clara para que pudiera entender los riesgos y consecuencias de contratar la deuda subordinada.
Además, tampoco realizaban de una forma adecuada, a través de los preceptivos test, los análisis sobre la adecuación e idoneidad del producto teniendo en cuenta el perfil concreto del cliente.
Esta mala praxis bancaria implica que los pronunciamientos de jueces y tribunales sean favorables al consumidor, que vienen declarando la nulidad de este tipo de contratos y condenando a los bancos a restituir las cantidades invertidas en este tipo de producto.
Desde Creditaria Estudio Legal, defendemos a clientes particulares que se han visto afectados por la forma de comercializar la deuda subordinada por parte de las grandes entidades financieras.