Cuando una persona comete un delito, esta es juzgada conforme a las leyes y regulaciones de su país, sin embargo, el proceso se puede llegar a complicar cuando las infracciones son cometidas por un extranjero.
La reforma del Código Penal (CP) que entró en vigor el 1 de julio del 2015, trajo consigo importantes modificaciones sobre la sustitución de las penas de prisión por la expulsión de España, siempre y cuando el delito lo cometa un extranjero y que cuente con residencia legal.
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Las condenas a expulsados por extranjería se regulan en el artículo 89 del Código Penal y es una medida que sustituye la pena de prisión por expulsión. Sin embargo, quedan fuera de la posibilidad de expulsión las penas por delitos de trata de personas establecidas en el artículo 177 del CP, delitos contra los derechos de los trabajadores establecidas en el artículo 312 del CP o bien delitos contra los ciudadanos extranjeros en el artículo 318 bis del CP.
No todas las condenas se pueden sustituir, dependiendo del tiempo de la condena y el tipo de delito cometido pueden cumplirse parcialmente en prisión.
Por lo general, las penas de prisión entre uno y cinco años impuestas a ciudadanos extranjeros pueden ser sustituidas por la expulsión del territorio español.
No obstante, si el delito es de orden jurídico, se puede acordar el cumplimiento de parte de la sentencia en prisión, la cual no podrá superar 2/3 de la condena y posteriormente la expulsión del país.
En caso de que la pena supere los cinco años de prisión, se puede acordar el cumplimiento de toda o parte de la condena en prisión y el resto de la condena por la expulsión cuando el penado acceda al tercer grado, o bien se le conceda la libertad condicional.
Siempre y cuando se determine en la sentencia condenatoria donde el juez o el tribunal debe resolver la situación sobre la ejecución de la condena.
Es importante que sepas que la expulsión a extranjeros condenados que cumplan lo anterior puede ser negada en algunos casos cuando la expulsión sea desproporcionada y se atiendan las circunstancias del hecho, así como las personales del autor.
La expulsión de un ciudadano de la Unión Europea solo se puede acordad cuando este represente una amenaza grave para el orden o seguridad pública.
En caso de que el sentenciado hubiera residido en España durante 10 años anteriores, la expulsión solo procederá cuando:
Cuando se acuerde la expulsión de un extranjero condenado en España por medio de una sentencia firme, no se podrá reingresar al país en un plazo de cinco a diez años desde que se lleve a cabo la expulsión.
El juez deberá acordar el plazo de expulsión atendiendo lo siguiente:
En caso de que el expulsado regrese a España antes de que finalice su plazo de expulsión acordado, deberá cumplir las penas que fueron sustituidas a menos que el juez o el tribunal decidan reducir la duración.
Pero si el extranjero intenta regresar al país y se le sorprenda en la frontera, será expulsado directamente por la seguridad gubernativa y se impondrá un nuevo plazo de prohibición de reingreso.